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Pensiones: muchas nubes y pocos claros

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Diario Vasco. Artículo de oponión.
Ricardo Sánchez. Socio Director Área Financiera.

Cuando en 1889, el Gobierno de Otto von Bismarck creó el primer sistema de pensiones público, fijó la edad de jubilación en 70 años, cuando la esperanza de vida en Prusia era de 40. Esa diferencia entre la edad de jubilación y la esperanza de vida dotaban a aquel sistema de pensiones de máxima viabilidad. Si Otto von Bismarck levantara hoy la cabeza, se encontraría con una pirámide poblacional totalmente diferente a la que utilizó para poner en marcha su sistema de pensiones. Ya que en la actualidad, el 90% de la población de los países desarrollados vivirá para celebrar su 65 cumpleaños.

En España, la previsión de la evolución demográfica presenta las siguientes cifras: En 2030, un 25% de la población será pensionista y en 2050, este porcentaje estará en torno al 30%. De tal forma que si hoy hay 1,9 trabajadores en activo por cada jubilado, en 2030 habrá sólo 1,3 trabajadores en activo por cada jubilado. Y debemos tener en cuenta que, el nivel mínimo para que el modelo de pensiones sea sostenible debería ser de 2,5 trabajadores en activo por cada jubilado.

No hace falta irnos tan lejos en el tiempo, los indicadores que miden la salud de nuestro sistema de pensiones no están ya para muchos trotes. El Fondo de Reserva (el excedente acumulado por el sistema en tiempos de vacas gordas) ha bajado de 66.815 millones de euros en el 2011 a 8.095 en el 2017. Y las cuentas de la Seguridad Social (el dinero recaudado por las cotizaciones de los trabajadores en activo menos el destinado al pago de las pensiones) desde el 2011 han sido deficitarias todos los años.

Con este panorama, se han realizado dos reformas de pensiones en los últimos años. En estos días, miles de pensionistas están saliendo a la calle por los efectos que estas medidas están teniendo en sus pensiones. Piden pensiones públicas dignas y la actualización de estas con el IPC. Y protestan también por la pérdida de poder adquisitivo. Así planteado suena razonable. Además, las imágenes de los pensionistas en la calles a todos nos generan cierta simpatía, ya que de una forma u otra nos vemos reconocidos. Los partidos de la oposición ya han conseguido un pleno monográfico en el Congreso para hablar de las pensiones. Y en algunos sectores, ya se da por hecho que la pensiones se van actualizar este año al IPC. Esta medida, y partiendo de que las cuentas de la Seguridad Social son deficitarias, significaría incrementar el importe del préstamo a largo plazo que se solicita para el abono de las pensiones estos últimos años.

Recurriendo a la hemeroteca, encuentro los siguientes datos: Entre 2008 y 2017 la revalorizaron de las pensiones fue del 12,3 % y la del IPC del 13,7%. No aprecio yo en estos datos una gran pérdida de poder adquisitivo, al menos hasta la fecha. Aunque todo parece indicar que la brecha entre pensiones e IPC va a ir aumentando con el paso de los años. El factor de Sostenibilidad, una de las medidas más polémicas introducidas en la última reforma de pensiones, no ha entrado todavía en vigor. Es una medida que ya se viene aplicando en países de nuestro entorno como Alemania y Austria. La aplicación de este factor tiene como objeto recortar las pensiones para adaptarlas a la mayor esperanza de vida. En teoría a lo largo de nuestra jubilación percibiremos la misma cantidad que percibieron nuestros padres, pero distribuida en un periodo mayor, ya que viviremos más años. Este factor entra en funcionamiento con efectos 1 de enero 2019, pero su aplicación será gradual. Es decir, el recorte en el 2019 puede suponer un 0,45%, para el 2023 un 2,25% y en el 2050 un 15%. Los mayores afectados por esta medida no son por tanto los pensionistas actuales sino los futuros.

De todas formas, si algo tenemos en común todos los ciudadanos y ciudadanas de a pie, incluyo aquí tanto a los pensionistas actuales como a los trabajadores de hoy que serán los pensionistas de mañana, es que afrontamos la evolución del sistema de pensiones con incertidumbre y preocupación.

Este asunto tiene la suficiente complejidad y gravedad como para solicitar a nuestros políticos que eviten realizar declaraciones oportunistas a través de los medios de comunicación utilizando la reforma de las pensiones como arma arrojadiza con el único fin de obtener un rédito electoral. Aunque teniendo en cuenta que es una cuestión que puede quitar y poner gobiernos es pedirle peras al olmo. Las propuestas que salgan del Congreso o del Pacto de Toledo, deben ser elaboradas en clave de país y de futuro. No valen soluciones cortoplacistas en clave electoral que den respuesta a los pensionistas actuales y que no tengan en cuenta o que penalicen en el largo plazo a las generaciones que están ahora trabajando. Generaciones estas, que si han tenido una pérdida importante de poder adquisitivo con la congelación salarial que se produjo a raíz de la crisis y que además tienen que contribuir de por vida con su trabajo al pago de las deudas contraídas por el Estado como consecuencia de dicha crisis. No debiéramos perder el foco del debate y perdernos en la revalorización de las pensiones en el corto plazo, sino coger perspectiva y repensar la sostenibilidad del sistema en el medio y largo plazo.