Ampliar a 35 años el cómputo conlleva un recorte «sustancial» de la prestación.

El Observatorio de Pensiones de la Universidad de Valencia y de la de Extremadura calcula la merma en el 8,6% de la base reguladora.

La posible ampliación del periodo de años cotizados para determinar la cuantía de las pensiones –cálculo de la base reguladora–, de los 25 que regirán a partir del próximo enero hasta los 35, como ha barajado en algunos momentos el ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, supondrá, de llevarse a cabo, «un recorte sustancial de las prestaciones por jubilación», según indican desde la consultora donostiarra Sayma.

Una reducción que un estudio realizado por el Observatorio de Pensiones de las universidades de Valencia y Extremadura estima en el 8,6% de la pensión inicial, es decir de la base reguladora, que es sobre la que se calcula la prestación que se recibe al jubilarse.

Esto imposibilita conocer en términos medios absolutos cuánto supone de recorte en las pensiones, salvo en aquellos casos en los que la prestación final coincide con la base reguladora como es el caso de los que se jubilan con el 100% porque lo hacen a la edad legal y con todo el periodo de cotización requerido. En el resto de supuestos a esa base reguladora se le aplican diferentes reductores para calcular el importe final de la pensión.

Cabe recordar que la base reguladora se calcula tras sumar las bases de cotización de los años de cómputo requeridos –25 en 2022 y 35 si se amplia– y dividirla por el resultado de multiplicar esos años por catorce, que son las pagas correspondientes.

Teniendo esto en cuenta, a lo máximo que se puede llegar es a una aproximación sobre lo que supondría ese porcentaje sobre la pensión media de jubilación de Gipuzkoa, que en octubre era de 1.414 euros y que implicaría una merma de 121,6 euros mensuales. Un recorte que se sumaría al que ya han sufrido las prestaciones con la ampliación del periodo de cómputo de 15 a 25 años, que se empezó a aplicar de forma gradual en 2013 y que concluirá el próximo año. Una merma en este caso que el propio Escrivá estimó que rondaba el 4%.

Desde Sayma señalan que en caso de que se ampliara el cálculo a 35 años, algo que, remarcan, no se incluye en el Proyecto de Ley enviado a las Cortes el pasado 6 de septiembre de Garantía del Poder Adquisitivo de las Pensiones y de otras medidas de la Sostenibilidad Financiera y de Refuerzo del Sistema Público de Pensiones, se haría también de forma escalonada a partir de 2023.

«Un nuevo parche»

El presidente de los Graduados Sociales de Gipuzkoa, Iñigo de la Peña, explica también que el efecto sobre las prestaciones de los pensionistas dependerá de la carrera de cotización personal de cada trabajador.

Pero, ¿a quién beneficia y perjudica esta medida? «Beneficiará al computarse más años a personas que no hayan visto incrementado sustancialmente su salario durante su carrera profesional. También a aquellos que hayan sufrido altibajos en su vida laboral: quedarse sin trabajo, cambios de empresa o de sector… Por contra, sí se va a ver perjudicado por esta medida un guipuzcoano que haya ido escalando posiciones en su puesto de trabajo con el consiguiente aumento de sueldo y de bases de cotización».

El presidente de los Graduados Sociales explica que esta última casuística era lo más habitual en un mercado de trabajo más estable, aunque cada vez es más difícil garantizar esta situación en la medida en que las carreras laborales son ahora más volubles. De la Peña considera que ampliar el cómputo a 35 años solucionaría en parte el gran problema del déficit de las pensiones, pero subraya que sigue siendo «un parche. Lo que demanda el tema de las pensiones es un gran pacto de Estado entre todos los grupos políticos para afianzar un sistema estable en el tiempo y que no esté continuamente parcheándose».

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