«Las segundas residencias de vascos en Andalucía pueden favorecer la fuga de contribuyentes»

Victor Etxeberria

Socio y codirector del Área Fiscal de Sayma

¿Son capaces Andalucía y Madrid de ‘robar’ contribuyentes a Gipuzkoa y Euskadi por la reducción al 0% del Impuesto de Patrimonio? A esta y otras preguntas responde Víctor Etxeberria, socio y codirector del Área Fiscal de la consultora donostiarra Sayma.

¿Qué opinión le merece el movimiento realizado por Andalucía?

Andalucía defiende sus intereses y su propia recaudación debido a la fuga de contribuyentes a Madrid. Además de atraer a los contribuyentes fugados, también buscan atraer a otros de provincias limítrofes o contribuyentes con segunda residencia en Andalucía, que son muchos a causa del atractivo turístico tradicional de esa comunidad autónoma. El cambio real de comunidad en ocasiones es fácil si ya tienen una segunda residencia. De todas formas, son contribuyentes que pueden adquirir una vivienda donde quieran con mucha facilidad gracias a su patrimonio.

¿Existe un riesgo real de fuga de contribuyentes guipuzcoanos a Madrid o Andalucía?

Hasta ahora ese riesgo solo estaba enfocado en la comunidad autónoma de Madrid. Ahora también en Andalucía, por lo que el riesgo aumenta. Además, muchos vascos poseen viviendas vacacionales en Andalucía por su atractivo turístico y su clima y, en ocasiones, ya residen en esa comunidad largas temporadas, especialmente contribuyentes ya jubilados. Esta situación parece apuntar hacia una lucha por captar contribuyentes.

Los datos ofrecidos este pasado martes por el departamento de la Hacienda foral y publicados por este periódico no parecen mostrar ningún tipo de fuga. Todo lo contrario. ¿Cómo los interpreta? ¿Cree que esta tendencia puede cambiar?

La tendencia puede cambiar, especialmente en el colectivo de personas jubiladas con segundas residencias. Cuantas más comunidades estén exentas del impuesto de patrimonio más aumentará el riesgo de fuga.

El departamento de Hacienda de Gipuzkoa ha realizado diferentes modificaciones en los últimos años que buscan discernir, en palabras del diputado Perona, los activos invertidos solamente en posiciones financieras de aquellos que por otro lado invierten en la creación directa de empresas y generación de empleo. ¿Realmente es así?

Las modificaciones recientes han sido favorables para aclarar y mejorar la tributación en el Impuesto de Patrimonio de las inversiones en empresas y, consecuentemente, favorables para sus propietarios, si bien con el cumplimiento de ciertos requisitos que hace compleja su aplicación.

En Euskadi hay detractores que defienden que este impuesto supone un freno a la inversión y un acicate para la huida de directivos y empresarios.

Lo que sabemos es que no es un estímulo a la inversión. Intuimos en nuestros clientes un cierto ‘desgaste’ a la hora de contribuir por el Impuesto de Patrimonio viendo que a nivel europeo y en Madrid, y ahora también en Andalucía, este impuesto no se aplica. No es una diferencia de gravamen, sino que la diferencia es pagar o no pagar.

Los que están a favor de suprimirlo se escudan en que pagan por impuestos y bienes por los que ya han tributado, como vivienda y renta.

Es cierto. Si ganas dinero que ya ha contribuido en IRPF o en otros impuestos (Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, Sucesiones…) vuelves a pagar por ahorrar o no gastar.

¿Es necesario este impuesto para mantener un equilibrio social?

Entiendo que no es imprescindible o, en su caso, se debería ajustar a nuestro entorno europeo. El dinero recaudado directamente por este impuesto es relativamente bajo, pudiéndose suplir con otras medidas que permitan contribuir al mantenimiento y desarrollo del estado del bienestar.

¿Qué otro tipo de medidas fiscales podrían ponerse en marcha para las rentas altas?

Existen un conjunto de medidas como intensificar la lucha contra el fraude fiscal, la aparición de nuevas figuras impositivas acordes a la economía digital en la que vivimos, la coordinación y armonización entre las Haciendas, así como, por otro lado, la mejora en la gestión de los recursos públicos.