Apenas llegan consultas a los bufetes, mientras los especialistas alertan de la necesidad de pensar muy bien la exoneración de cuotas.

Esperar y ver. Esa parece ser la actitud imperante entre las empresas guipuzcoanas que, en virtud del último cambio normativo, pudieran acogerse a las  exoneraciones de pago a la Seguridad Social como eslabones de la cadena de valor de aquellos 42 sectores calificadios como especialmente protegidos. El plazo para solicitar esa ventaja a la autoridad laboral (en este caso, el Gobierno Vasco) comenzó ayer y se prolongará hasta el día 19.

Según las consultas realizadas por este diario a algunos de los principales despachos de Gipuzkoa, ese camino parece no despertar demasiado interés por ahora. Además, los expertos advierten de que la regulación implica un mantenimiento obligatorio del empleo durante seis meses que podría en ocasiones no compensar -en función de cómo regrese la actividad económica- las citadas bonificaciones.

Unas exoneraciones que alcanzan el 85% de las aportaciones empresariales entre octubre y enero (si la empresa cuenta con menos de 50 trabajadores en plantilla), y del 75%, si las armas tienen más de 50empleados. Estas exenciones serán incompatibles con las establecidas para las dos nuevas figuras de ERTE que se crean en el citado decreto: los ERTE de impedimento y los ERTE de limitación de actividad, cuyas exoneraciones son distintas.

Algunos de los consultados aseguran que «los grandes olvidados de todo esto» son los profesionales ligados a la hostelería, que no ha entrada como tal sector en esa lista de 42, en la que sí están los hoteles, el transporte marítimo y aéreo o los espectáculos.

Alfombras y videoclubs

Una relación, advierte con cierto amargor Iñigo de la Peña, presidente del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Gipuzkoa, que «sí recoge a los videoclubs o a los fabricantes de alfombras y moquetas o de instrumentos musicales». «La hostelería es la gran olvidada, sobre todo la distribución al por mayor para los bares y restaurantes; los que les venden bebidas espirituosas o helados o alimentos», afirma. Sobre la posibilidad de acogerse a la figura del ERTE como integrante de la cadena de valor o como afectado de manera indirecta por el parón de las empresas de esas 42 categorías tasadas, De la Peña asegura que «no hay mucho movimiento». «Alguno habrá, pero tendrán que ser casos muy, muy claros», añade.

Las bonificaciones de los ERTE en la cadena de valor comportan la obligación de no despedir en seis meses.

7.600 es el total de guipuzcoanos que permanecían en ERTE a finales de septiembre, un 80% menos que en abril.

Iñigo Esquiroz, socio responsable del departamento de Derecho Laboral de Garrigues en Guipúzcoa y Navarra, coincide en que, por ahora, «la situación se resume en una notable calma». Los eventuales amparados por esa derivada de la cadena de valor o los indirectamente afectados «parece que prefieren por ahora ver cómo encaja su caso en la nueva norma». Y es que, recuerda, en este asunto delos ERTE hemos visto muchas y variadas interpretaciones y la referencia a una dependencia indirecta de los citados 42 sectores de actividad «puede resultar muy subjetiva».

Sea como fuere, la norma señala que se entiende que son integrantes dela cadena de valor o dependientes indirectamente de aquellas, las empresas cuya facturación, durante 2019, se haya generado al menos en un 50% en operaciones realizadas de forma directa con las incluidas en alguno de los códigos de la CNAE-09 referidos en la norma, así como aquellas cuya actividad real dependa indirectamente de la desarrollada efectivamente por las empresas incluidas en dichos códigos.

Pablo Berriotxoa, director del área de Laboral de ATE Asesores, recalca que lo importante de la última modificación hay que buscarlo en la protección del empleo. Aún así, advierte, «las empresas que quieran acogerse a estos ERTE han de ser muy cuidadosas y analizar muy bien qué actividad pueden recuperar en los próximos meses»· ¿Por qué? Porque «a cambio de las bonificaciones existe la obligación de no despedir a nadie durante seis meses». Eso, añade, «en una interpretación prudente del asunto puede ser un límite hasta el mes de junio de 2021,pues no queda claro cuándo empiezan esos seis meses», afirma.

En la misma línea, Beatriz Alzugaray, abogada del área de Laboral de Sayma, reconoce que solo le ha llegado al despacho «una consulta»

JULIO DIAZ DE ALDA – EL DIARIO VASCO