Estado de Ayudas y Avales
Julio Prado
Responsable Área Financiera de SAYMA.
La epidemia de la COVID-19 ha provocado un descenso en la facturación de las empresas que se ha intentado paliar desde marzo de 2020 con una serie de ayudas financieras.
En particular, a través del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo del Real Decreto-ley 25/2020, de 3 de julio, se pusieron en marcha una serie de medidas para apoyar la reactivación económica y el empleo. En concreto, se han puesto a disposición de las empresas avales por un total de 140.000 millones de euros, para hacer frente a financiaciones de gastos o liquidez y de inversiones.
En esta misma línea, el Real Decreto-ley 34/2020, de 17 de noviembre, amplió los periodos de carencia y vencimiento de los préstamos con aval público (hasta 24 meses de carencia y 8 años de vencimiento). Y el Real Decreto-ley 2/2021, de 26 de enero de refuerzo y consolidación de medidas sociales en defensa del empleo extendió la cobertura pública extraordinaria a los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo hasta el 31 de mayo.
Todas estas medidas tenían un vencimiento hasta el 31 de mayo de 2021. No obstante, el alargamiento de la crisis por la pandemia ha obligado a adoptar medidas adicionales a través del Real Decreto-ley 5/2021 de 12 de marzo, y de la Resolución de 12 de mayo de 2021, de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, de Buenas Prácticas, que lo desarrolla. El objeto de esta nueva regulación de ayudas es proteger a empresas viables y no el de rescatar a empresas no viables antes de la pandemia.
Se ponen en marcha medidas por importe de hasta 11.000 millones de euros en torno a cuatro líneas de actuación:
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Financiar ayudas directas
Se crea una nueva Línea COVID de ayudas directas con una dotación total de 7.000 millones de euros, se canalizarán ayudas directas a las empresas y autónomos cuya actividad se ha visto más negativamente afectada por la pandemia, para cubrir deudas que se hayan devengado a partir de 1 de marzo de 2020 y procedan de contratos anteriores a la entrada en vigor de este Real Decreto-ley.
Se exige que las empresas hayan caído en facturación al menos un 30% en 2020 y que su actividad esté incluida en uno de los 95 CNAE’s especificados por el RDL. Sujetos al mantenimiento de la actividad y no reparto de dividendo.
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Reestructuración de balances
Se regulan los procesos de refinanciación y restructuración pactados entre los bancos y sus clientes, y se crea una segunda línea para la reestructuración de deuda financiera COVID, de 3.000 millones de euros,
Las medidas son:
- Extensión del plazo de vencimiento de la deuda avalada.
- Conversión en préstamos participativos
- Cancelación de la deuda (excepcional)
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Recapitalización de empresas
Se crea un nuevo Fondo de recapitalización de empresas afectadas por COVID, dotado con 1.000 millones de euros, que será gestionado por COFIDES. Se basa en la entrada en capital del Estado con una salida temporal a 8 años.
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Prórroga de moratorias fiscales y concursales.
Se extienden hasta finales de año las moratorias para el desencadenamiento automático de procesos concursales, con el fin de dotar de un margen de tiempo adicional para que las empresas que están pasando por mayores dificultades como consecuencia de la pandemia puedan restablecer su equilibrio patrimonial, evitando una innecesaria entrada en concurso. Se amplía a cuatro meses el aplazamiento de deudas tributarias sin intereses y se amplían los plazos para la devolución de los créditos públicos gestionados por la Secretaría General de Industria y de la PYME.
