Pasará de 150.000 a 300.000 euros pero mantiene el interés de demora del 3,75%, lo que suscita el rechazo de los asesores fiscales
La Diputación ha decidido ampliar el importe de los pagos de impuestos que las empresas pueden aplazar para tratar de contrarrestar el impacto económico del coronavirus. En concreto, la Hacienda foral duplicará el límite de los 150.000 a los 300.000 euros, mientras que el resto de requisitos se mantienen.
Es decir, el plazo para devolver la deuda tributaria es de dos años, se realiza en cuotas mensuales, no hacen falta garantías y hasta 12.000 euros no se exige pago previo; a partir de esa cifra el 20%. Esta decisión fue tomada el jueves, aunque aún faltan detalles jurídicos y técnicos que se ultimarán «cuanto antes».
Desde el fisco foral precisan que más allá del nuevo límite de 300.000 euros también se suelen conceder aplazamientos pero se estudian «caso por caso», si existen causas objetivas para ello.
Las mismas fuentes agregan que, «de momento», no se prevén más modificaciones en este asunto y que este tipo de aplazamientos se suele hacer de forma automática –se pide la demora y se le concede al momento–, por lo que por ahora no disponen de estadísticas sobre las peticiones realizadas por las empresas guipuzcoanas en los últimos días, especialmente desde que esta crisis de la pandemia ha azotado a todas las economías del planeta.
Desde el ámbito de las asesorías fiscales, consultadas por este tema, valoran esta medida que van a tomar las tres diputaciones forales –con competencia propia– porque insuflará aire a las empresas en un momento de ahogo.
Desde Sayma, expertos en fiscalidad empresarial, valoran que se duplique el importe a los citados 300.000 euros y también que se pueda solicitar el aplazamiento sin garantías –en román paladino, que a una empresa se lo concedan automáticamente–. Pero consideran que el interés del dinero –3,75%– «es elevado y se podría bajar lo máximo posible».
Desde Garrigues van más allá incluso y solicitan que ese interés «baje al 0%».
Y extienden un mensaje en la misma línea que el de Sayma: «Ante situaciones excepcionales, medidas excepcionales». Ítem más, plantean que las empresas puedan retrasar un mes o dos meses el pago del IVA y el IRPF –Confebask fue más allá y pidió ayer hasta seis meses de demora–, hasta que la tormenta escampe. Una medida que de habitual se aplica en agosto debido al parón de la actividad en el mes más vacacional del calendario. Por el contrario, en los casos de devoluciones de IVA, piden que se aceleren.
Mejor trato que en el Estado
El tratamiento en Gipuzkoa es más ventajoso que en el Estado, a pesar del paquete económico aprobado de urgencia la pasada semana por decreto-ley, que lleva la moratoria automática para pymes y autónomos a los 30.000 euros y el plazo de devolución a seis meses.
Los tres primeros meses están libres de interés pero no así los tres restantes. La Agencia Tributaria no exige pago previo. Estos aplazamientos supondrán inyectar 14.000 millones de euros en liquidez al sistema.
Fuente: El Diario Vasco