¿Pero a qué se debe este importante aumento de los últimos años? Desde Sayma, despacho especializado en temas tributarios, su socio-director del área fiscal, Víctor Etxeberria, explica a DV que el techo de ingresos previsto no responde a un motivo único, sino a una combinación de factores que incluyen el dinamismo económico, el mayor control fiscal y «el efecto silencioso de la inflación». En su análisis, Etxeberria otorga una relevancia especial al comportamiento de la Bolsa, dado que una parte sustancial de lo recaudado proviene de «carteras de valores y participaciones empresariales». El experto subraya una paradoja propia de este impuesto: «si bien hasta su venta efectiva esa riqueza no se manifiesta, sí se tributa previamente en el impuesto».

Esta revalorización de los activos financieros, junto al incremento constante de los precios en el mercado inmobiliario, eleva de forma automática la base imponible de los contribuyentes. A este escenario de crecimiento de los activos se suma una fiscalización más rigurosa. Etxeberria destaca que la Hacienda Foral ha intensificado el «uso de herramientas de Big Data y el intercambio de información internacional». Estos avances tecnológicos facilitan la detección de bienes en el extranjero y también el control sobre el «uso incorrecto de la exención por empresa familiar», permitiendo un seguimiento mucho más estrecho de los activos financieros mediante reportes automatizados de las entidades de crédito.

Tal y como remata en su análisis Etxeberria, a pesar de tener una «capacidad recaudatoria baja en relación a otros impuestos», este tributo se mantiene como la figura tributaria «más mediática y controvertida». Para que se hagan a la idea, esos 87,9 millones supondrían un 1,25% sobre el total que Gipuzkoa tiene previsto recaudar en 2026, una cifra que asciende en su conjunto a 6.986 millones.

Este recuperado tributo –sustituye al de la Riqueza y Grandes Fortunas, vigente entre 2013 y 2017– ha permitido a los tres territorios vascos volver a compartir la estructura básica de sus principales impuestos propios (IRPF, Sociedades y Patrimonio), lo que se denomina armonización fiscal, después de 2.500 días de especificidad guipuzcoana.

La reforma acometida en 2018 incluyó como principal virtualidad la recuperación del escudo fiscal, una salvaguarda que fija un tope para que el contribuyente no pague por IRPF y Patrimonio más de un porcentaje concreto de sus ganancias anuales –concretamente el 65%–.

A tenor de las cifras conocidas en los últimos años, la armonización surte su efecto porque la cifra de guipuzcoanos que pagan este impuesto ha crecido ostensiblemente desde 2012. Entonces fueron 6.648 los que pasaron por caja y, trece años después, esa cifra se eleva hasta los 9.900, lo que representa un aumento del 48,9%. El club de los millonarios ha «engordado» en más de tres millares en ese periodo -3.252-, a más de 250 por año, a medida que el territorio y el resto del país dejaban atrás una de las crisis económicas más graves de las últimas décadas.

Como se aprecia en la leyenda del gráfico, Gipuzkoa cuenta desde 2023 con el Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas impulsado por el Gobierno central. Este tributo se configuró como una figura complementaria al Impuesto sobre el Patrimonio y grava el patrimonio neto de las personas físicas que supere los 3 millones de euros, estableciendo en el territorio guipuzcoano un mínimo exento de 700.000 euros. En nuestro territorio es, de momento, muy residual. El año pasado hubo apenas diez contribuyentes que hicieron cuentas con el fisco, seis más que el año anterior, y la cuantía que aportaron a las arcas forales se limitó a 125.000 euros.