Ignacio Zubiri es una de las voces más autorizadas en Gipuzkoa para hablar de fiscalidad. «El año pasado el crecimiento real de la recaudación (descontada la inflación promedio) fue negativo, y en términos reales se recaudaba menos que en 2019 (año previo a la crisis). Aun así, esta recaudación creciente no ha sido capaz de sanear las cuentas públicas a niveles previos a los de la crisis del Covid», señala. En este contexto, añade que «parece claro que el sistema fiscal actual no produce los recursos necesarios para mejorar las prestaciones públicas en el corto plazo ni, mucho menos, para hacer frente al coste adicional de medio y largo plazo derivado del envejecimiento (sanidad, servicios sociales, asistencia a mayores, etc.). Por ello, si se quieren garantizar las prestaciones públicas que demanda buena parte de la sociedad, es necesario dotar al sistema fiscal de una capacidad recaudatoria que permita financiar adecuadamente estas prestaciones. Pero más allá de los ingresos, la reforma es necesaria para mejorar la equidad del sistema fiscal y adaptarlo a los cambios y necesidades de la nueva economía. Esto incluye la economía digital, las nuevas formas de relación laboral y emprendimiento, y los objetivos medioambientales».

Zubiri pone el foco en dos elementos que deberían aparecer recogidos en esta futura reforma fiscal. El primero estaría enfocado en «realizar un análisis de las políticas de gasto en el País Vasco (necesidad, justificación, eficiencia, ausencia de duplicidades). El segundo elemento de la reforma debería ser la lucha contra el fraude fiscal, aunque bien es cierto que Gipuzkoa ha mejorado en este aspecto».

Entrando ya en materia tributaria, el catedrático de Hacienda de la UPV/EHU hinca el diente a la posible modificación de varios impuestos. «En el caso del IRPF se debe buscar un impuesto justo con el contribuyente y sin privilegios para diferentes grupos o tipos de rentas. Esto incluye, igualar la fiscalidad del capital y la del trabajo, no gravar la inflación, evitar los artificios (como el uso de empresas) para pagar menos, revaluar la estructura del impuesto y eliminar deducciones, bonificaciones y exenciones poco justificadas».

Respecto al impuesto de Sociedades, «se deben depurar los muchos incentivos y bonificaciones que, como poco, tienen una efectividad dudosa y sólo benefician a quienes los reciben. Ninguna empresa toma una decisión económica (de inversión o empleo) no rentable por un incentivo fiscal. Por ello, los incentivos acaban muchas veces subvencionado lo que, en cualquier caso, se hubiera hecho. Otros elementos de la reforma son eliminar las sociedades patrimoniales y algunos de los regímenes especiales, reducir las bonificaciones a los rendimientos del capital, limitar las compensaciones de pérdidas y la traslación en el tiempo de determinados beneficios fiscales, y evitar que el impuesto de sociedades se use para eludir el IRPF. Además, se debe definir un tipo mínimo que, a diferencia del actual, que no sirve para casi nada, sea efectivo».

Por último, en lo referente al impuesto sobre Patrimonio, Zubiri considera que «se debe revisar, al menos, la tributación de la empresa familiar», y como conclusión y cierre, sostiene que «la reforma fiscal debe prestar especial atención a adaptar el sistema fiscal a las nuevas realidades económicas (economía digital, nuevas formas de relación laboral, emprendimiento) y avanzar en la creación de nuevos impuestos medioambientales».

Víctor Etxeberria, de la consultora Sayma, opina que, «a pesar de que las Haciendas forales hayan registrado récords recaudatorios, los gastos también se han disparado. La reforma fiscal es necesaria para poder mantener el Estado de Bienestar y los servicios públicos (pensiones, Sanidad, enseñanza…), sin perder de vista la inversión, el empleo, la competitividad. Está claro que la progresividad en los impuestos va a resultar fundamental, y la mejora-homogeneización de distintos tributos».

Fue en noviembre del año pasado cuando Sayma presentó su informe de Cierre Fiscal, en el que se incidía en impulsar «políticas fiscales que fomenten la ‘industria de la inversión’ atrayendo a nuevos inversores y talento para su instalación de forma permanente y estable en Gipuzkoa, así como el fomento de la actividad emprendedora (especialmente en los jóvenes)».

La competencia fiscal entre comunidades

¿Debe Euskadi entrar en una competencia fiscal con comunidades como Madrid o Andalucía con el Impuesto de Patrimonio? Zubiri dice que eliminar este tributo «sería un beneficio para los más ricos», «reduciría sustancialmente la progresividad del sistema fiscal y tendría un coste recaudatorio no despreciable. Euskadi perdería casi 170 millones y Gipuzkoa, 70». Dice no haber visto pruebas de deslocalizaciones de empresas por este tributo. Desde Sayma, Etxeberria pide «tender hacia una armonización fiscal entre los distintos territorios, España y Europa». Garmendia, de Norgestión, pone el foco en la «atracción de talento», y considera que «no puede ser que la gente a la que le vaya bien tenga que pagar un 65% de rentas generadas. No es nada atractivo teniendo en cuenta que en otras comunidades hay impuestos bonificados».