Con carácter general la normativa de Impuestos sobre Sociedades de los tres Territorios Forales establece la obligación no sólo de valorar a mercado las transacciones realizadas entre las sociedades integrantes de un Grupo, sino también la obligación, cumpliendo determinadas condiciones, de documentar las mismas.

Dichas obligaciones de documentación deberán cumplirse al objeto de la realización de los correspondientes informes de Precios de Transferencia que deberán tenerse a disposición de la Administración Tributaria que podrá requerirlos en cualquier momento.

Asimismo, existe la obligación de informar de el desglose y cuantificación de dichas operaciones vinculadas tanto en las Cuentas Anuales que deben depositarse en el Registro Mercantil como en el Impuesto de Sociedades de todas las sociedades integrantes del Grupo.

Desde el año 1993, con la creación del mercado único europeo, las fronteras y por tanto los derechos arancelarios dentro de Europa han desaparecido. Existe dentro de Europa libre circulación de mercancías, capitales y personas.

Con carácter general, los derechos arancelarios aplicados en País Vasco y el resto de España son derechos de aduanas que se pagan sobre las importaciones, cuando las mercancías se despachan por la Aduana provenientes de países terceros no europeos.

Existen derechos arancelarios menores por derechos de almacenaje o depósito y la venta de mercancías abandonadas.

En la mayoría de los casos son los importadores los sujetos obligados al pago de los derechos arancelarios que se devenguen

La normativa aduanera está armonizada en toda Europa, existiendo el Sistema de Clasificación de Mercancías y la tarifa de la Comunidad Económica Europea (TARIC).

Las sociedades con residencia fiscal en el País Vasco que pertenezcan al mismo grupo mercantil pueden optar por tributar conjuntamente en el Impuesto sobre Sociedades. Como requisito la sociedad dominante del grupo deberá tener una participación, directa o indirecta, al menos, del 75% del capital social (70% si cotizan) en esas sociedades el primer día del período impositivo en que sea de aplicación este régimen fiscal especial.

Se permite que la entidad dominante de un grupo de consolidación fiscal sea no residente en territorio español. De esta manera, si bien la sociedad dominante no formará parte del grupo, se permite la consolidación de las dependientes (en al menos el 75%, o 70% en caso de cotizadas) residentes en España. Así, será posible que varias entidades sometidas a normativa foral del País Vasco y bajo control común de una sociedad no residente formen un grupo fiscal.

La normativa de los tres Territorios Forales establecen un régimen de neutralidad fiscal para todas aquellas operaciones de restructuración societaria como son operaciones de fusión, escisión y canje de valores. Es requisito esencial que dichas operaciones de reestructuración respondan a motivos económicos válidos.

La aplicación del mismo implica un diferimiento de la tributación de las rentas que se pongan de manifiesto con la operación. Dicho régimen tiene implicaciones en el Impuesto sobre Sociedades, el ITPyAJD, y el impuesto municipal IIVTNU.

La normativa de Impuesto sobre Sociedades de los tres Territorios Forales establecen incentivos fiscales tales como la exención de los dividendos repartidos por dichos fondos y sociedades, así como la exención en las plusvalías generadas como consecuencia de la transmisión o reembolso de las acciones o participaciones en los mismos.

En Impuesto sobre Sociedades se establece un régimen fiscal especial para aquellas sociedades que tienen como objeto principal el arrendamiento de viviendas (mínimo 10), estableciéndose bonificaciones del 90% en las rentas generadas por arrendamiento o transmisión (25% si no proceden de viviendas).

España tiene firmados Convenios para evitar la doble imposición con cerca de 103 países tanto europeos como no europeos, siguiendo el Modelo de Convenio de la OECD (estando en vigor 99. Los otros 5 se encuentran en distintas fases de tramitación: Bahrein, Montenegro, Namibia, Perú y Siria) El objetivo fundamental de dichos Convenios es evitar la doble tributación de las rentas generadas en dichos países y evitar el fraude fiscal.